Términos y condiciones

Última actualización: julio de 2026

1. Identificación

El servicio Hogarfax es prestado y explotado comercialmente por Diana R. Popescu, con NIF 08016912D y domicilio profesional en Calle Padre Gerardo Gil, 32, 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid), España.

Para cualquier consulta puedes utilizar nuestro formulario de contacto o escribir a contacto@hogarfax.com. La información completa de la prestadora está disponible en el Aviso legal.

Hogarfax es un nombre comercial registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con solicitud presentada el 16 de marzo de 2026. La prestadora dispone de autorización para utilizar el nombre comercial, el software y los dominios asociados en la explotación del servicio.

2. Objeto del servicio

Hogarfax ofrece herramientas y análisis digitales para ayudar a comprender una propiedad antes de tomar una decisión. El servicio puede incluir consultas, visualizaciones, estimaciones, informes y otros contenidos relacionados con inmuebles.

El contenido tiene carácter informativo y orientativo. No constituye tasación, asesoramiento jurídico, técnico, urbanístico, financiero o de inversión; tampoco sustituye una inspección, certificación, documento oficial o consulta profesional.

Desde el 17 de agosto de 2026 a las 17:00 CEST, los informes emitidos incorporan un código de verificación en el pie de página que permite comprobar su autenticidad en hogarfax.com/verificar. Los informes emitidos con anterioridad a esa fecha y hora no incluyen este código.

3. Responsabilidad del usuario

El usuario debe comprobar por su cuenta cualquier dato relevante antes de hacer una oferta, pagar una reserva, firmar arras, solicitar financiación o formalizar una compraventa. Cuando sea necesario, deberá acudir a los organismos y profesionales competentes.

Hogarfax no garantiza que la información esté siempre completa, actualizada, disponible o libre de errores, ni responde de las decisiones adoptadas exclusivamente a partir de sus contenidos.

4. Uso permitido y prohibiciones

El servicio se presta para uso personal o profesional legítimo y no masivo, conforme a su finalidad y a estos términos.

Queda prohibido, salvo autorización previa y por escrito:

  • usar bots, scrapers, crawlers, scripts o cualquier proceso automatizado para acceder, consultar o extraer contenido;
  • copiar, descargar, indexar, reproducir, republicar o redistribuir la web, sus textos, informes, datos, diseños, interfaces o resultados;
  • revender, sublicenciar o explotar de forma masiva el servicio o sus contenidos;
  • eludir límites de uso, controles de acceso, medidas técnicas o sistemas de seguridad;
  • introducir código malicioso, perturbar el servicio o intentar descubrir, reproducir o reutilizar su funcionamiento interno;
  • utilizar Hogarfax para una finalidad ilícita, fraudulenta o que perjudique a terceros.

Podemos limitar, suspender o cancelar el acceso cuando existan indicios razonables de abuso, automatización no autorizada, fraude o incumplimiento.

5. Contenidos y propiedad intelectual

La plataforma, su código, estructura, diseño, textos originales, metodología, marcas, logotipos y materiales son propiedad de Hogarfax o se utilizan con autorización. Los contenidos de terceros pertenecen a sus titulares.

El acceso al servicio no concede ninguna licencia para copiar, transformar, distribuir, comunicar públicamente o explotar esos elementos fuera del uso normal de la plataforma.

6. Precios y pagos

Cuando exista un servicio de pago, el precio, los impuestos aplicables y el alcance se mostrarán antes de confirmar la compra. Los precios indicarán expresamente si incluyen impuestos o si debe añadirse el IVA aplicable, y el importe total se mostrará antes de confirmar el pago. Salvo que se indique otra cosa, el pago corresponde a un acceso o informe concreto y no implica una suscripción.

Los derechos de los consumidores que resulten aplicables se mantienen conforme a la legislación vigente.

7. Derecho de desistimiento

Como regla general, en una compra online un consumidor dispone de 14 días naturales para desistir del contrato sin necesidad de justificar su decisión. Sin embargo, el artículo 103.m) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) excluye este derecho para el suministro de contenido digital que no se preste en soporte material, cuando la ejecución haya comenzado con el consentimiento previo y expreso del consumidor y con su reconocimiento de que, en consecuencia, pierde su derecho de desistimiento.

El informe Hogarfax es contenido digital que se genera y entrega al consumidor de forma esencialmente inmediata tras el pago. Por eso, antes de completar el pago, se solicita al usuario que marque expresamente una casilla mediante la cual: (a) solicita que la generación y el suministro del informe comiencen de inmediato, y (b) reconoce que, una vez iniciado el suministro del contenido digital, pierde su derecho de desistimiento. Ese consentimiento se confirma por escrito en el correo electrónico de compra, junto con la fecha, la hora y el pedido a los que se refiere.

Esta excepción afecta únicamente al desistimiento por cambio de opinión del comprador. No limita los demás derechos del consumidor: si el informe no llega a entregarse, resulta defectuoso, se genera por error para una propiedad distinta a la solicitada, o no se corresponde con lo contratado, el usuario puede reclamar conforme a la legislación de consumidores aplicable, incluida la subsanación o devolución que corresponda.

8. Privacidad

El tratamiento de datos personales se explica en la Política de privacidad. Al utilizar el servicio, el usuario se compromete a proporcionar datos veraces cuando sean necesarios y a no introducir datos de terceros sin base legítima.

9. Cambios, disponibilidad y ley aplicable

Hogarfax puede modificar, actualizar o retirar funcionalidades y contenidos. También puede interrumpir temporalmente el servicio por mantenimiento, seguridad, incidencias técnicas o causas ajenas a su control.

Estos términos se rigen por la legislación española. Las controversias se someterán a los juzgados y tribunales competentes de España, sin perjuicio de los fueros imperativos que correspondan a los consumidores.